La investigación responde a un procedimiento en el que se investiga posible actividad irregular en el ejercicio de la función pública. Las actuaciones están declaradas secretas, según informan fuentes judiciales.

En concreto, los agentes solicitan documentación de los últimos cuatro años, cuando gobernaba el anterior Ejecutivo. El organismo de cuenca colabora y colaborará con cualquier petición que se haga por parte de la Justicia.